EL Frente Nacional por la Familia (FNF), acusó en conferencia de prensa a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de amenazar a legisladores y trata de imponer la ideología de género a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para lograr la despenalización del aborto. Aarón Lara, presidente de Iniciativa Ciudadana señaló que a través del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se busca avalar la despenalización del aborto en Veracruz y atribuyó esta acción a la encargada de la política interna del país.
Y es que este miércoles iniciará en la Corte la discusión de un proyecto de resolución sobre el amparo de un juez federal de Xalapa, en el que se busca que el Congreso de Veracruz reforme el Código Penal para despenalizar el aborto.
El argumento jurídico del ministro González Alcántara Carrancá, de eliminar el tipo penal, permitiría no castigar a los hombres que violentan a las mujeres y las obligan a abortar.
“El texto presentado por el ministro Carrancá está plagado de contradicciones y mentiras con el único propósito de que el crimen más artero que puede haber cometido en contra de las personas más inocentes en su etapa más vulnerable, es decir, el ser humano en gestación, se convierta ya no en un tipo penal sino en un derecho”, afirmó Rodrigo Iván Cortés, presidente del FNF.
Por su parte, el diputado de Nuevo León, Carlos Leal señaló que de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en penales federales hay 12 hombres detenidos por el delito de aborto, 100 en cárceles estatales y solo 5 mujeres por inducir a la interrupción del embarazo, pero no hay mujeres presas en todo el país por este delito.
Aarón Lara hizo un llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que instruya a la Secretaria de Gobernación para que deje de intervenir en los Congresos estatales y en la SCJN en fu afán de “ideologizar el régimen, especialmente porque todo México es un país pro vida”.
Desde el ámbito legislativo, algunos diputados locales y federales de varios estados, como Nuevo León, Veracruz o Querétaro –que participaron en la conferencia-, informaron que desde sus respectivas trincheras harán lo propio a fin de impedir que se lleve a la discusión un debate que vulnerará el principio de poderes, la libre configuración de entidades y el principio de legalidad.