- En el estado de Guanajuato se tienen reportados tres ataques a políticos y candidatos, con saldo de dos fallecidos.
El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5% superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64% las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia, a falta de un mes para la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021.
En su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, la firma consultora Etellekt indica que las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso abarcó a 31 entidades y 321 municipios de la república (13% del total de municipios).
En el caso específico del estado de Guanajuato, se tienen reportados tres ataques a políticos, con saldo de dos fallecidos.
El pasado 12 de enero, el diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta Cano, fue asesinado a balazos en la ciudad de Juventino Rosas. El ataque contra el también precandidato a alcalde de dicho municipio ocurrió cuando trotaba en la zona centro de la ciudad, a manos de dos hombres que le dispararon a quemarropa.
El 30 de marzo, el candidato a regidor del PRD en Apaseo el Grande, Alejandro Galicia Castro, fue asesinado mientras recorría comunidades del municipio para conseguir algunas bardas para pintar propaganda. Iba acompañado por el delegado municipal del partido, Juan Ignacio de la Cruz Ávila, quien quedó gravemente herido.
Y el pasado lunes, 17 de mayo, el candidato de la coalición PRD-PRI por la diputación local del distrito XX de Guanajuato, Juan Guzmán, fue atacado con armas de fuego en Moroleón. Afortunadamente no presentó heridas.
La semana pasada, el 13 de mayo, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez -y abogado de la familia LeBarón-, fue asesinado a balazos cuando realizaba un acto proselitista en Ciudad Obregón.
En su informe, la firma Etellekt destaca que la violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, sino que compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios, lo que a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos.
Al final del camino, cuando se haga el corte de caja después de la jornada electoral, será obligación de la autoridad averiguar quiénes se beneficiaron electoralmente de esta violencia, así como esclarecer los móviles y la autoría material e intelectual de estos atentados; y de haber políticos o candidatos inmiscuidos, hacer justicia tanto en la parte penal como electoral, haciendo valer los mecanismos jurídicos disponibles como la solicitud del juicio de procedencia, para llevar ante la justicia a quienes hayan accedido a un puesto de elección mediante prácticas violentas dirigidas a sus adversarios.
El propósito de Etellekt Consultores, al hacer pública la información de su Indicador de Violencia Política en México, es hacer visible un fenómeno que nos lastima a todos como ciudadanos, políticos y empresarios, pues representa un caldo de cultivo para la construcción de autoritarismos en todos los niveles de gobierno, que limitan nuestras libertades, y extinguen por completo la convivencia democrática entre quienes son gobierno y quienes aspiran a serlo, además de obstaculizar el desarrollo y la evolución de la vida democrática y política, cuando desde el poder se desacredita a todo aquel que piensa diferente o que persigue ideas o proyectos de nación distintas.
El monitoreo de la firma consultora cubre el periodo que comprende del 7 de septiembre de 2020 (inicio del proceso electoral) al 30 de abril de 2021.
A partir de dicho cierre, indica que a 32 días de la jornada electoral del próximo 6 de junio, la violencia contra políticos y candidatos se ha disparado en el periodo de campañas, al registrar 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales (12 eran mujeres). La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018.
Al igual que en la elección de 2018, las amenazas se convirtieron en el principal instrumento de violencia con un total de 174 casos, y un saldo de 172 víctimas, de las cuales 133 eran aspirantes y candidatos. El principal modus operandi de los agresores fue el envío de estas amenazas a través de redes sociales, desde cuentas anónimas, y a través de mensajes SMS o llamadas telefónicas desde líneas de prepago, para obligar a los aspirantes o candidatos a retirarse de la contienda o renunciar a sus candidaturas.
Desde el inicio del proceso, el IVP de Etellekt identificó a 17 aspirantes y candidatos que renunciaron a sus aspiraciones o candidaturas, respectivamente, después de haber recibido amenazas en contra de su integridad y la de sus familias; el último caso fue el de la candidata del partido local Armonía por México, a la alcaldía de Xochitepec, Morelos, quien renunció a su candidatura, e incluso cambió de residencia, después de recibir amenazas de muerte vía telefónica y por redes sociales.
Los actos de intimidación y maltrato físico y/o verbal (infracciones contra la dignidad), representaron la tercera agresión más recurrente cometida de parte de militantes de partidos y grupos de choque, en contra de candidatos opositores y de sus colaboradores, en actos proselitistas o de promoción del voto en colonias, plazas públicas y zonas habitacionales.
De las 25 víctimas de privación ilegal de la libertad, una perdió la vida (el alcalde de Temósachic, Chihuahua), y otra más permanece desaparecida (el aspirante del PRI a la alcaldía de Mezquitic, en Jalisco). Las otras 23 víctimas fueron liberadas.
Se registraron también 14 víctimas de homicidio en grado de tentativa, seis de las cuales resultaron con heridas de arma de fuego. De las 14 víctimas, seis aspiraban a cargos de elección.
Se reportaron también 15 denuncias de candidatos y militantes de partidos en contra de funcionarios públicos, principalmente policías estatales y municipales, por presuntos actos de intimidación y hostigamiento en su contra.
De las 443 víctimas globales, 282 son aspirantes y candidatos; en este rubro, el 41% son mujeres. De estos 282 aspirantes y candidatos, 195 buscaban cargos municipales (69%), 47 iban por gubernaturas y diputaciones estatales (17%) y 40 por diputaciones federales (14%). De las 282 víctimas de estos delitos, 31 perdieron la vida en atentados mortales (6 de ellas eran mujeres), con lo que se alcanza la misma cifra de postulantes a cargos de elección asesinados en el mismo periodo de hace tres años.
Pese a lo anterior, la tendencia de ataques letales contra candidatos se ha estabilizado en abril, al registrarse 3 víctimas mortales, un descenso del 70% en relación a los 10 aspirantes y candidatos que perdieron la vida en atentados durante marzo.