Bajo el lema de “todo lo que empieza acaba”, actualmente diversas dependencias y gobiernos están efectuando la Entrega-Recepción de la Administración Pública local y federal. Pero ¿qué implica la práctica de este proceso?
Constitucionalmente se trata de un procedimiento de rendición de cuentas por parte del aquel servidor público al separarse del cargo o comisión; sin embargo, políticamente muchas veces se traduce en una cacería de brujas facultada para señalar con voz pública aquellas inconsistencias que se detectan, en el marco de una guerra de intereses partidarios.
La corriente, partido o liderazgo de quien entrega y recibe importa mucho para determinar las condiciones mínimas en las que se desarrolle este procedimiento normativo, al tratar de informar los asuntos a cargo y el estado que guardan los recursos financieros, humanos y materiales para el ejercicio de sus atribuciones legales.
Si algo nos ha enseñado la vida política, es que ésta funciona como una rueda de la fortuna: aquellos que se erigen hoy en un puesto de nivel menor, pueden ser titulares de área mañana o a la inversa. Los cargos públicos son dinámicos y pasajeros; son prestados.
Por ello es necesario que la clase gobernante actúe cada vez más con ética y principios, que le permitan estar a la altura de un procedimiento transparente y ordenado de entrega recepción de los recursos de la administración.
El ánimo de cualquier transición de gobierno debe caracterizarse por la coordinación, la cooperación, la claridad en los asuntos y un alto grado de responsabilidad. Más allá de cualquier tensión política por el cambio de partidos que se pudiera suscitar, se debe alentar al espíritu de solidaridad para que los cambios en el gobierno no deriven en campañas de desprestigio entre las fuerzas o en un rezago en los tiempos de atención al ciudadano.
Asimismo, las y los servidores públicos salientes pueden asumir a cabalidad el compromiso de facilitar todas las herramientas y mecanismos necesarios que sean de utilidad para los nuevos equipos a fin de reducir la curva de aprendizaje de las áreas administrativas. A su vez, los gabinetes que llegan deberán actuar con apego a la normatividad y observar aquellas irregularidades que no deben pasarse por alto.
La transición de un gobierno ya no debe simbolizar una cacería de brujas, sino la construcción del bien común como premisa fundamental de dicha esfera de poder. La transición también debe fortalecer la promoción del conocimiento gubernamental para que las instituciones, que se reconfiguran a partir de ahora con los cambios de sus gabinetes, puedan detectar mejor los riesgos que acontecen en pleno siglo XXI. Finalmente, la transición nos debe enseñar y nunca olvidar que antes que servidores públicos somos ciudadanos comunes y corrientes.