20 de septiembre, 2023
A poco más de tres semanas de que el Ayuntamiento de San José Iturbide negó el permiso de uso de suelo a la granja porcícola ubicada en la comunidad de La Palmita, la empresa presentó un recurso de impugnación ante el Juzgado Administrativo Municipal, por lo que el proceso de la posible clausura se definirá en tribunales y en un lapso aún indefinido.
Rosalva González Almaraz, secretaria del Ayuntamiento, informó que Protección Civil intervino y clausuró la granja (de manera parcial), por lo se le dieron 30 días hábiles para desalojar a los cerdos.
Ante ello, dijo, los particulares interpusieron un recurso de impugnación en el Juzgado Administrativo Municipal y no se ha hecho aún la radicación por la falta de requerimientos, pues ahora están en la vía de nombrar a terceros interesados para darles voz, lo cual ya cumplieron, pero se les hizo otro requerimiento de forma, cuyo plazo no vence aún.
“Una vez que cumplan, se radicaría el proceso y ya entonces la juez determinará las medidas a seguir. El tiempo del proceso es variable, pues a la empresa lo que le interesa es que les otorguen la suspensión, lo cual es decisión de la juez”, precisó la funcionaria.
González Almaraz destacó que el plazo de los 30 días hábiles para el desalojo de la granja (que vencerán el 9 o 10 de octubre), va a depender de lo que decida la juez, pero por lo pronto sigue corriendo el término del plazo señalado y de no haber antes una decisión de la juez, entonces Protección Civil tendrá que proceder al desalojo de los animales.
“La idea de que la empresa designe a terceras personas interesadas, es para saber si éstos se ven afectados por la decisión del Ayuntamiento. Tienen que ser habitantes con domicilio probado en la comunidad. Pero no solo serán citadas a esas personas, sino que también Protección Civil participará en el juicio para dar su testimonio”.
-¿El asunto va para largo?
-Muy posiblemente, ya que el proceso no ha sido radicado porque aún no se cumplen los requisitos de forma para su seguimiento. Una vez radicado, entonces la juez ya decidirá sobre la suspensión que solicita la empresa y llamará a las autoridades que considere pertinentes.
Por lo pronto, dijo, la empresa no puede ingresar más cerdos, solo unidades con alimento para los mismos, situación que permanentemente está siendo monitoreada por Protección Civil.
QUEJA ANTE LA CNDH
Por lo pronto, los habitantes de las ocho comunidades afectadas por la granja interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que ya está foliada con el número 2023/93576.
Cuestionada sobre si la queja tendrá también relevancia en el juzgado, la secretaria del Ayuntamiento expuso que corresponderá a la juez su valoración.
El asunto es que el caso ya escaló también a dependencias como la Semarnat, la Profepa y la Conagua, por vía de los habitantes afectados.