Febrero 19, 2025
El alcalde Manuel Montes de la Vega informó que derivado de investigaciones realizadas por la Contraloría Municipal y con la información que se cuenta hasta el día de hoy, se estarían fincando responsabilidades administrativas y penales a alrededor de 45 funcionarios de la pasada Administración, donde se incluyen exdirectores, exsecretarios, exregidores y la expresidenta municipal.
“Hoy nos encontramos que tenemos 82 contratos de servicios y adquisiciones en los que hay irregularidades”, dijo.
En conferencia de prensa realizada al término de la sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada la tarde ayer, el alcalde presentó detalles de las irregularidades detectadas a los contratos de la clínica, basura, alumbrado público y semáforos de la pasada administración.
Sobre el tema de la clínica, expuso que tan solo en el ejercicio 2023, se pagaron 33 millones 917 mil 881 pesos en un año, esto es, 2 millones 600 mil pesos al mes, los cuales difieren a lo que ahora se paga por ese servicio, que es de menos de 1 millón de pesos mensuales.
“¿Qué da esto? Da un ahorro para el municipio con esta clínica actualmente de 22 millones de pesos. 22 millones de pesos estamos ahorrando con esta clínica. En la anterior administración se gastaban en un año 33 millones y hoy estamos pagando 11 millones nada más”, indicó.
Respecto al tema de la basura, dijo que en anteriores administraciones costaba entre 15 y hasta 20 millones de pesos, pero al margen de esas cantidades, lo más preocupante fue que se concesionó por otros gobiernos, a cuyo prestador del servicio se le adeuda una suerte principal de más de 30 millones de pesos, pero al momento de actualizarla el monto se eleva a 50 millones de pesos.
Agregó que por tal motivo procedió a celebrar un contrato de administración de prestación de servicios con una empresa privada, la cual no tendrá la rectoría, y cuyo objetivo es que el basurero al aire libre se convierte en un relleno sanitario que se apegue a la NOM 083 y evitar que se convierta en una bomba de tiempo y en un problema de salud pública. Recalcó que en caso de irregularidades o incumplimiento, se dará por terminado el contrato, el cual representa una erogación de solo 640 mil pesos al mes.
Por lo que se refiere a la concesión del alumbrado público a la empresa Controladora de Energía SAPI, Manuel Montes explicó que presenta muchas anomalías. “Esta empresa, en una parte del clausulado, dice que se obliga a poner 480 lámparas al año. Sin embargo, hay datos que de verdad nos deben de preocupar. La administración del 2018 colocó casi 5 mil lámparas que tenían una garantía de 5 años. Resulta que esta empresa nueva que concesionó la anterior administración, llega y pues empieza a quitar estas lámparas y a colocar otras lámparas, pero las que quita en buen estado no sabemos dónde están. Ese sería un primer elemento”.
Otro elemento importante, añadió, es que al buscar los precios unitarios en el mercado sobre el costo de esas lámparas, con garantía de 10 años, es de 5 mil pesos. “Es decir, 480 lámparas que es lo que se obliga esta empresa a colocar, nos cuesta al año, si nosotros lo hiciéramos, 2 millones 400 mil pesos, y hoy el pueblo está pagando 26 millones 400 mil pesos a esta empresa. Por eso instruí que a esta empresa no se le pagara. Hoy no se le está pagando porque estamos en investigación jurídica.
En referencia al tema de los semáforos, Manuel Montes manifestó que se acababa de reunir con representantes de Walmart, porque están buscando trabajar en San José, y le indicaron que habían donado algunos semáforos al municipio, los cuales están abandonados en Seguridad Pública, por lo que se van a rescatar.
Y en relación a los tres que no están funcionando, señaló que la administración anterior dejó un adeudo de 2 millones 600 mil pesos con la CFE. “Hoy estoy buscando la manera de pagar, porque por eso no tenemos luz, además de que ya tenemos una estrategia en planeación de cómo se deben de colocar. Estoy en pláticas con el superintendente para ver si logramos un acuerdo, porque nosotros también tenemos el DAP y entonces buscaremos que con eso pues logremos pagar esta deuda recuperemos la energía en esa zona”.
Manuel Montes aseveró que entre las anomalías que se han detectado de la pasada administración, está la firma de personal que no estaba facultado por la ley para realizar contratos, así como el incumplimiento por parte del proveedor. “Aquí hay implicados varios exdirectores de la anterior administración, varios exregidores y también regidores actuales, y esto tiene que llevarse hasta las instancias legales conducentes y que la autoridad se encargue de fincarles responsabilidad”.
Otras anomalías, dijo, son la contratación de “aviadores” en diferentes dependencias y denuncias contra exfuncionarios por abuso de funciones, uno de ellos relativo al problema de la granja porcina de la comunidad La Palmita. Asimismo, ahondó que se están realizando procedimientos contra 41 exfuncionarios