Septiembre 22, 2026
Guanajuato, Gto. – La Comisión de Atención a las Personas Migrantes realizó una mesa de trabajo para analizar cuatro puntos de acuerdo, todos ellos relacionados con la situación migratoria de guanajuatenses en el extranjero.
El primer punto de acuerdo analizado correspondió al que busca exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, por conducta de la Secretaría de Derechos Humanos, elabore, apruebe y ponga en operación un Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias.
De igual manera, para que, por conducción de la Secretaría de Finanzas, realice el análisis y, en su caso, la reorientación de recursos presupuestales suficientes, medibles y verificables para la atención integral de personas migrantes guanajuatenses y sus familias, a fin de fortalecer prioritariamente: reintegración, asesoría y acompañamiento jurídico, reunificación familiar, retorno y atención humanitaria.
Finalmente, para que por medio de la Secretaría de Derechos Humanos se formalice un mecanismo permanente de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular, mediante la suscripción de instrumentos de colaboración y una ruta de acción para la atención de las personas migrantes y sus familias de Guanajuato.
El diputado Ernesto Millán Soberanes externó que, mientras la Consejería Jurídica presume disciplina financiera y esquemas de gestión para resultados, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció oficialmente que la estrategia de atención migrante carece de una partida presupuestal directa y exclusiva, señalando que una política pública sin recursos etiquetados se reduce a letra muerta.
El legislador contrastó esta falta de asignación con el gasto de más de dos millones de pesos diarios en publicidad gubernamental y las transferencias millonarias a eventos como la Feria de León, advirtiendo que resulta insostenible justificar la negativa de incrementos bajo el argumento de la gestión para resultados cuando no existe certeza presupuestaria.
Fortalecer la protección consular
La siguiente propuesta correspondió a la dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca y ejerza de manera exhaustiva los mecanismos jurídicos, diplomáticos y de protección consular disponibles, con el objeto de garantizar la defensa integral de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que pudieran ser objeto de actos de abuso, arbitrariedad o uso indebido de la fuerza por parte de agentes del servicio migratorio de los Estados Unidos de América.
De igual manera, para que, en coordinación con las instancias competentes, diseñe e implemente un Plan Familiar de Prevención y una Red de Respuesta Inmediata, orientados a brindar información, acompañamiento y asistencia oportuna a las personas migrantes y sus familias, a fin de complementar y robustecer las estrategias jurídicas y de protección consular del Estado mexicano, bajo un enfoque de derechos humanos, unidad familiar y atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad.
En su intervención, la legisladora Yesenia Rojas Cervantes indicó que el fenómeno migratorio exige un diálogo transversal y coordinado entre todos los órdenes de gobierno para dignificar las condiciones de movilidad humana, reconociendo instrumentos estatales como el Plan Estatal de Desarrollo 2040, el programa presupuestario de la Secretaría de Derechos Humanos y esquemas de reunificación familiar como Mineros de Plata.
Agregó que, frente a la embestida sin precedentes de las políticas de persecución en los Estados Unidos, la opacidad en los centros de detención del ICE y el fallecimiento de connacionales bajo custodia, las acciones institucionales deben evolucionar hacia una respuesta de emergencia articulada y contundente, destacando la gravedad de la separación familiar y el reporte de decenas de miles de menores no acompañados en situación de vulnerabilidad extrema.
El congresista Ernesto Millán Soberanes expresó que la postura demeritoria sobre la política migratoria parte de una premisa incompleta que invisibiliza el trabajo territorial y los resultados tangibles que ya se entregan en beneficio de la comunidad connacional por parte de las autoridades federales.
Precisó que no se puede legislar desde el desconocimiento de las cifras oficiales del Gobierno de México, destacando la inyección extraordinaria de 31 millones de pesos a los 53 consulados en Estados Unidos, con lo que se consolidó una bolsa de más de 500 millones de pesos destinada a la asistencia y protección consular.
Asimismo, detalló los indicadores operativos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señalando la ejecución de alrededor de 30 visitas diarias a centros de detención, más de 40,000 asesorías legales otorgadas, 300,000 casos con acompañamiento consular efectivo, así como atención telefónica permanente 24/7 y herramientas digitales para el acceso a trámites.