Septiembre 19, 2026

A dos días de que se anunció el “histórico” aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en la terminal de almacenamiento que se ubica en la comunidad de la Fragua, en San José de Iturbide, prevalecen más dudas que respuestas, sobre todo cuando el tema cobró notoriedad nacional por tratarse, aparentemente, de combustible ilegal, mejor conocido como “huachicol”.

Todo comenzó la mañana del jueves 17 de septiembre, cuando el secretario de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, a través de sus redes sociales, dio a conocer el aseguramiento, en una operación realizada con la Fiscalía General de la República (FGR). Poco después, la dependencia a su cargo emitió el boletín de prensa correspondiente para dar a conocer los hechos.

Por la tarde-noche, la FGR difundió el comunicado respectivo, en el que señaló que la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, derivado de la detención de una persona en el momento en que posiblemente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz, quien no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo (garantía de que cada litro de combustible puede ser rastreado desde su origen hasta el consumidor final, asegurando transparencia, legalidad y calidad).

Por tal motivo, se obtuvieron órdenes de cateo, una de las cuales se ejecutó en la terminal de almacenamiento ubicada en La Fragua.

Surgieron dudas sobre posibles detenciones y mayores detalles del operativo. Las respuestas no fueron claras y abonaron más a la incertidumbre. El viernes 18, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum realizada en la Base Militar de Irapuato, señaló que tras el operativo en la terminal de almacenamiento no hubo detenciones y que tampoco había nadie en el lugar cuando llegaron las autoridades.

FECHAS E INDICIOS

Todo parecía indicar que el “golpe” había sido espectacular por la dimensión del combustible localizado y el tamaño de las instalaciones, pero…

Comenzaron a salir evidencias un poco más concretas y no necesariamente de las autoridades correspondientes, pues ni la FGR ni el Gobierno de Guanajuato informaron que el operativo había ocurrido el 4 de septiembre y no el jueves 17, cuando lo reportaron. Tampoco indicaron que la planta cateada haya sido clausurada, pues a partir del 10 de septiembre retomó sus actividades de manera normal, sin sellos de “aseguramiento” ni presencia de elementos de la Guardia Nacional o del Ejército, como ocurre en tales casos.

El 4 de septiembre, cuando se presentaron las autoridades estatales y federales en el inmueble para el cateo, fueron recibidos por el personal de seguridad que está en el acceso principal y atendidos ahí por uno de los gerentes de la terminal. Es decir, fue falso que al momento de que llegaron no había nadie en la planta. Las mismas fotos que la FGR difundió el pasado jueves con el comunicado, así lo demuestran.

Ayer mismo, y ante la magnitud de la noticia que ya había escalado a nivel nacional, sino es que más, la empresa Gas Natural del Noroeste, perteneciente al Grupo SIMSA, difundió un comunicado para fijar su postura sobre el tema, en el que aseguró que la terminal de almacenamiento de combustibles en San José de Iturbide cuenta con los permisos correspondientes y que la empresa no es dueña de los productos, esto es, del hidrocarburo que almacena y que de ahí distribuyen empresas como Pemex, ExxonMobil, Ferromex y Kansas City.

Aseguró, además, que la terminal de almacenamiento de combustibles en San José de Iturbide cuenta con los permisos correspondientes

«Gas Natural del Noreste (SIMSA) presta un servicio consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales a su vez son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía y acreditan ante la empresa la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos.

«La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada por las autoridades federales, estatales y municipales», manifestó la compañía.

Otro dato que omitieron las autoridades, fue señalar que la terminal de SIMSA es la instalación de almacenamiento y distribución más importante del Bajío y cuenta con una capacidad de 630 mil barriles, equivalentes a cerca de 100 millones de litros.

Al día de hoy, la empresa y las autoridades continúan con el papeleo que representa corroborar o no el origen del combustible que se almacena en el lugar.