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La independencia del árbitro electoral

Durante los días pasados, muchos mexicanos –lamentablemente, no la mayoría- estuvimos atentos al necesario debate que provocaría la designación de los nuevos Consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE.

Como era de esperarse, en medio de ese afán controlador, avasallador y arbitrario, del presidente de México, el impresentable señor Ackerman sacó el cobre totalitario y radical de esa izquierda que representa, tan lejos de Carlos Marx y tan cerca de Donald Trump.

Así lo consignó el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, y quienes tuvimos la oportunidad de escuchar los debates, también vimos las rabietas y los desplantes pueriles del señor que ha sido catalogado como “la conciencia” en Palacio Nacional, porque es quien le dice –se asegura- al presidente lo que tiene que hacer, decir o actuar.

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Ha quedado bastante clara la intención del grupo que rodea al presidente, de hacer todo lo necesario a fin de que se incremente la acumulación del poder. La postura misma del primer caballero de la Secretaría de la Función Pública, su sospechosa insistencia buscando imponer sus decisiones y afectos, evidencian la voracidad de poder -que no política y menos democrática- para acumular mayores espacios, particularmente en las áreas de decisión que influirían decisivamente, en la permanencia constitucional.

Sin embargo, en el fondo de la polémica, se encuentra el juego, desde mi punto de vista, bastante tendencioso y perverso, para desmontar la democracia que tanto ha costado a los mexicanos.

Tal y como se ha hecho con otros organismos autónomos, la tendencia a apropiarse de cada nombramiento en el INE, se enfoca a aniquilar al árbitro electoral.

Y bajo las circunstancias de hoy, que la sociedad pierda al órgano electoral nacional, equivale a reventar todos los procesos democráticos en el país.

Desde luego que no somos Venezuela o Bolivia en su momento. Pero, exactamente, fue el camino seguido por Chávez, Maduro o Evo Morales.

Es viable imaginar que, si Morena revienta al INE, en cualquiera de esas reuniones que organiza el presidente, a dedo alzado, podría modificarse la Constitución de la República, para que el mandatario pudiera reelegirse las veces que “el pueblo sabio” así lo quiera.

Con todo el poderío del INE ocupado por los esbirros presidenciales, a la oposición le esperaría la cárcel, el exilio, el terrorismo fiscal y su exterminio. A la sociedad le quedaría un solo camino: la depauperización educativa, económica, de salud, cultural y de vida cotidiana.

El riesgo es bastante alto. Considero que es necesario continuar cuidando y vigilando al árbitro electoral, para que preserve su independencia.

*Diputado del Grupo Parlamentario

del PAN en el Congreso del

Estado de Guanajuato